EncuEntros. rEvista dE ciEncias Humanas, tEoría social y PEnsamiEnto crítico. issn: 2343-6131 / dEP. lEgal: PP 201202Zu4143
año 6. n° 7. EnEro-Julio 2018 pp. 11-40
univErsidad nacional ExPErimEntal rafaEl maría Baralt
El rol emancipador de la episteme política intercultural en América Latina
Emancipatory role of intercultural political espiteme in Latin
America
Álvaro B. Márquez-Fernández
Zulay C. Díaz Montiel
Centro de Estudios
Sociológicos y Antropológicos (CESA)
Universidad del Zulia
amarquezfernandez@gmail.com
RESUMEN
Desde Aristóteles, la
Política está asociada al “poder para gobernar”, entre hombres que se organizan en torno a la polis,
es decir, a la ciudad-Estado. La Política regula
la sociedad civil a
través de un Estado que norma el poder para legislar y hacer cumplir
las leyes. La racio- nalidad política se gesta colectivamente a través de un espacio
de participación ciudadana donde las razones, los argumentos y la interpretación para legitimar el poder compartido lo transforma estructuralmente en hegemónico. La sociedad se fractura en clases y la reproduc- ción del poder se efectúa por vía coercitiva en detrimento de la consensualidad y pluralidad
democrática. La episteme
de la política del Estado moderno se funda en la concepción del capitalismo neoliberal, que considera el mercado y los derechos
económicos sobrepuestos a los derechos humanos de la mayoría
ciudadanía. Este orden político lesiona sensiblemente los principios de la justicia
y la equidad y sirve de origen a la exclusión y la marginalidad social y política. La desintegración social se hace presente y la centralidad de la polis mo-
derna entra en una crisis institucional que se despliega por todo un sistema
político que es reabsorbido y recreado
por las fuerzas emergentes de movimientos sociales
emancipatorios que buscan caracterizar a la Política
como un “poder para gobernar
compartido”. Aparece otra episteme
intercultural del poder (popular), basada en la democracia ciudadana
y en el espacio
público, donde el reconocimiento a la diversidad cultural y las Desde diferentes identidades sociales
hacen emergentes nuevas alternativas para la racionalidad política.
Palabras clave: Episteme política,
Estado moderno, interculturalidad, América Latina, movimientos emancipadores.
Recibido: 01-02.2017 • Aceptado: 08-05-2017
ABSTRACT
Since Aristotle, Politics is associated with “power to govern”, between
men who organize themselves around the polis,
that is, the city-state. The policy regula- tes civil society through
a state that regulates the power to legislate and enfor-
ce laws. Political rationality is generated collectively through a space of
citizen participation where the reasons, arguments
and interpretation to legitimize sha- red
power transform it structurally into hegemonic power. Society is fractured
in classes and the reproduction of power is done coercively
to the detriment of consensuality and democratic plurality. The episteme of the politics
of the mo- dern State is based on the conception of neoliberal capitalism, which
considers the market and the economic
rights superimposed on the human rights of the
majority citizenship. This political order sensibly damages
the principles of justice
and equity and serves as the source of exclusion and social and political
margina- lity. Social disintegration is present and the centrality of the modern polis enters an
institutional crisis that unfolds through a whole political system that is reab-
sorbed and recreated by the emerging forces of emancipatory social movements that seek to characterize Politics as a “governing through
shared power”. Another inter-cultural episteme
of (popular) power appears, based on citizen
democracy and public space,
where recognition of cultural diversity and different social
iden- tities makes possible the emergence of new alternatives for political rationality
Key words: Political Episteme,
Modern State, Interculturality, Latin America,
Emancipa- tory Movements
1. El
cuestionamiento a la consensualidad
ideológica
Las relaciones sociales en el
capitalismo son expresamente coercitivas. La relación de coerción se organiza a través de una consensualidad que maneja el supuesto
del acuerdo común y de la pluralidad, pero que en su
realidad efectiva el orden de la consensualidad pasa por un enfrentamien- to de clases
y de intereses, donde la fuerza política
es el sinónimo de la participación, pero que requiere de un espacio
de poder para realizarse.
Este espacio de poder es el poder que tiene la filosofía y la ideología ca- pitalista para organizar
un Estado centrado
en el dominio de las relaciones
sociales, a través, precisamente, de ese juego de fuerzas
sociales que permi- ten una relativa e indirecta participación en la toma de decisiones que están, a su vez, condicionadas por la dirección
dominante del Estado (Delgado
Encuentros. Revista
de Ciencias Humanas,
Teoríia
Social y Pensamiento Críitico
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Año 6. N° 7. Enero-Julio 2018. pp. 11-402
Ocando, 1987). Se trata de entender
el desarrollo de esa fuerza social con la
que el Estado neoliberal, imprime y satura las diversas relaciones
sociales que se gestan y desarrollan al interior de una sociedad
civil que no responde
necesariamente de manera
espontánea y natural,
a las direcciones estatales
e institucionales de las que se sirve
el Estado para lograr, por un lado,
la le- gitimidad de los consensos y neutralizar las diferencias, resistencias y anta- gonismos de clases, y, por el otro, le legalidad que le sirve
de marco norma- tivo para el ejercer
el poder implícito
a través de las regulaciones jurídicas.
Precisamente, se trata
de comprender ese binomio de la socie- dad capitalista
entre la fuerza de imposición por medio
del po-
der político para
cerrar el sistema social,
y el carácter de con- sensualidad represiva y al extremo de la crisis, violenta; para, mantener el sistema de dominio que se desea generalizar en la sociedad.
La hegemonía se logra, precisamente, en todos esos momentos de articu-
lación estructural del sistema de poder para imponer la fuerza del Estado,
a través de todos sus sistemas de integración y absorción socio-políticos, que le permiten al Estado lograr una unidad y direccionalidad con fines predeterminados que forman parte de un imaginario social que deber ser
aceptado por todos, a la vez que reproducido como parte de la dirección filosofía e ideológica del sistema político-hegemónico (Gramsci,
1974).
En ese sentido la hegemonía permeabiliza el sistema de poder desde la
perspectiva de una diversidad de participaciones al interior del sistema
que hace viable la reproducción de los ordenes
de poder del sistema, redu-
ciendo o minimizando significativamente las relaciones de contradicción y de conflicto cuya naturaleza social pueden incidir
en procesos de cambios
fundamentales que fracturen las relaciones de fuerza que el sistema impo- ne o predetermina. La posibilidad de resistencia, insumisión, emergencia, revolución, desobediencia, de quienes no forman parte de las relaciones
de fuerza del sistema filosófico
e ideológico del poder
hegemónico, es una reacción que es resultado causal de las incoherencias o inconsistencias sis-
témicas del sistema que se resiste en hacer concretas las condiciones míni- mas de la autotransformación del sistema político,
filosófico e ideológico a favor de las mayorías. Sin embargo, ninguna transformación
social donde se comprometa la estabilidad y los equilibrios que le sirve de poder al sis-
tema, puede sufrir una transformación de esa naturaleza sin que se den
importantes desprendimientos consensuales de los principios
universales con los cuales el sistema
se revalida a través de la legitimidad y la legalidad.
El sistema hegemónico a pesar de las permanentes crisis que se gene- ran
en las interacciones de fuerzas que se acuerdan consensualmen- te, requiere
para su superación de praxis sociales mucho
más puntua- les que exceden
la participación representativa
que les garantiza
la
consesualidad del poder hegemónico. Se trata de propiciar y valerse de las
crisis políticas, para cuestionar y discernir sobre
el valor normativo, ético y cívico, de la consensualidad que legitima el poder hegemónico.
Precisamente, este develamiento del poder oculto a través de la con-
sensualidad, como instancia
pública de orden hegemónico, se debe, a la
utilización del discurso social de la ideología
como esfera de codificación
e inducción de los intereses y las conductas
sociales. Le intención
ex- presa de que los sistemas
de representación, comunicación y conductas, respondan a las relaciones discursivas y comunicativas van a mediar
en la opinión pública
que es el espacio de recepción deliberativa de la par- ticipación ciudadana (Martín, 1999). Al restringirse las praxis sociales
en su pluralidad discursiva, se evita, por un lado la ampliación y expan-
sión de las nuevas conciencias sociales que surgen
de la crisis del siste- ma filosófico-ideológico dominante; por el otro, la tendencia
hegemóni- ca a cancelar
nuevas construcciones discursivas con las cuales
producir formas diferenciadas de comprensión de las crisis
sociales y propuestas de alternativas contra
institucionales o estatales.
Esto coloca al siste-
ma de dominación en una relación
de fuerza y poder abierta
y radical.
El resultado de la violencia institucional se hace manifiesto como con- secuencia del orden legal de un sistema que pierde su reconocimiento y ya no le es posible
producir mediaciones simbólicas, culturales, políticas,
que le permitan unificar en una identidad
nacional los propósitos y fines del Estado. La
aparición de discursos disidentes por medio de un lenguaje social que repiensa las relaciones sociales de
participación política, procu- ran develar
el orden de las categorías con las cuales se piensa la política
en abstracto de las condiciones de vida de los ciudadanos. La crítica contra ideológica que resulta de estas prácticas
convierte a la ciudadanía margi- nal de las prácticas
del poder hegemónico, en un actor que despunta y se deslinda de relaciones de poder que invalidan o neutralizan sus fuerzas
sociales para la transformación del sistema hegemónico. Los nuevos esce- narios que se crean para la participación social disidente, reformulan en su referencia o destinos
de clases, el orden de los sistemas de poder-repre- sión-coacción de las clases políticamente dirigentes, con las cuales, a ve- ces,
se logran alianzas
que son contraproducentes. Al transformarse estos nuevos actores sociales
en interventores del control social que se genera a través del espacio público, se observa
claramente cómo esta nueva movili-
dad y tendencias de fuerzas
sociales contra hegemónicas propician interfe-
rencias importantes en la filosofía e ideología de la hegemonía, pues están en capacidad
de cuestionar y responden a las representaciones del poder.
La conciencia política de clase del colectivo social encubierto por la fa-
lacia de la consensualidad ideológica, se autotransforma con el tiempo en
una ciudadanía que sale a la luz pública gracias
a una participación directa o de choque, que es cada vez más visible en los escenarios de in- teracción social.
El desacuerdo explícito que funda el conflicto de la so- ciedad de clases, no puede presuponer un acuerdo en común simétrico; precisamente, en razón de la diferencia de clases que se
genera a partir de la división
del trabajo y el reparto de la plusvalía. La consensualidad no puede continuar revestida
de la ficción de una pluralidad
democrática que disminuya la potencia reactiva
que portan las clases reprimidas y ex- cluidas
para acceder a una “inclusión” social que las aliena. Es la perma-
nente contradicción del capitalismo aún en su versión neoliberal y global.
Hoy día, el intento
de la sociedad neoliberal por uniformizar o estandari-
zar la sociedad a través de
principios universales que imponen un recono-
cimiento y aceptación, como
principios que contienen y suprimen las dife- rencias en aras de una igualdad
formal en las relaciones de la producción, del intercambio y de las relaciones sociales consideradas y aceptadas como necesarias para todos, es completamente fallido
y estéril. Los nuevos movi-
mientos sociales que se están
gestando y desarrollando en la América
Latina, ponen sobre el tapete la desligtimación filosófica y el desconocimiento de los ideologismos políticos
de las clases hegemónicas para perpetuarse en el
poder (Márquez-Fernández, 2000). La conciencia social
recuperada por medio de
las crisis del sistema, está creando las condiciones de reflexión y crítica
política sobre las permanentes contradicciones y espacio de exclusión social que rebasan los contenidos uniformes de la consensualidad hegemónica.
Los problemas de tipo ambiental, ecológico, moral, éticos, contamina-
ción, salud, enfermedad, hambre, guerras,
etc., que ha causado la sociedad
postindustrial, no solamente amenazan la vida humana, sino la vida natu- ral
del planeta. Esto es una consecuencia del inevitable agotamiento de un sistema de producción que se entiende
como esencialmente contrario a los principios de la vida.
Y son esos principios y derechos a la vida,
los que están despertando estas otras
consciencias que por siglos se han visto sometidas a la hegemonía filosófica e ideológica de las ideas de las falsas conciencia.
2. La ineficacia participativa en la democracia
representativa
Los poderes hegemónicos del Estado y la sociedad
neoliberal, requie- ren de un corpus o sistemas de transferencias y concentración de po- deres,
que le permitan un “armónico
equilibro”
entre las diferencias
de clases. La consensualidad que produce la hegemonía, está dirigida
a cohesionar las relaciones sociales en obediencia a ciertas normas so- cio-políticas y jurídicas-institucionales que le permiten
al pueblo o ciu-
dadano, orientar el ejercicio de su poder necesariamente
a favor del
poder constituyente de los poderes sociales, políticos y económicos.
Ese sistema de relacionalidad e interrelacionalidad entre los ciudadanos y las transferencias de poder por medio de alianzas, estrategias, compro- misos, decisiones, acuerdos, sea de grupos, partidos,
organizaciones, mo- vimientos, debería
corresponder a una concepción del poder a partir de la
participación de unos y otros,
en un poder para todos,
que nos permita
en- tender que el poder
como origen y destino del sistema y los procesos
de los comportamientos democráticos, está subordinado y responde a los cambios de escenarios y de actores. Es decir, el uso del poder y la dirección
que se le dota, estará en una dinámica
de alternancia entre
los actores políticos reco- nocidos como tales, en un juego de relaciones más libres e igualitarias que permitan establecer las normas,
leyes y valoraciones en razón de un efecti- vo diálogo racional y consensual (Márquez-Fernández y Díaz Montiel, 2005).
Sin embargo, la realidad
social es otra cosa. Se percibe, por el contrario, una concepción funcional y progresivamente radical
del uso de la fuerza del poder en la sociedad, sólo por parte de aquellos que tienen el recono-
cimiento explícito para convertirse en un funcionario público del poder. Se
trata de situar
el poder en el sistema,
repetimos de interacciones que se preestablecen por medio de un concepto
de democracia que sugiere
una libertad para actuar como sujeto y portador
del poder, pero de igual manera, no como impositor(es) de la fuerza del poder.
La participación política inducida
le otorga a este sistema de transferencia, rotación,
mo- vilidad del poder,
tejidos o puentes,
que le permiten al actor pasar de un lugar a otro de la gestión
pública del poder. Pero esta concepción del poder
como espacio público
abierto a la participación se ve autorregula- do por el orden interno de donde el poder adquiere su fuerza y su direc-
ción: la hegemonía de la clase. Será, entonces, desde esa hegemonía
que el poder recibe
no solamente su categorización y universalización, sino su
valoración. En el primer sentido, el poder como categoría
sugiere la idea de
ser un fenómeno concreto de la realidad
existente que funda cualquier
relación entre los ciudadanos. Al menos es la idea positivista de que el poder
reviste toda la realidad de la acción.
Quizás sea muy discutible esta afirmación categorial del poder, para asumir que de igual manera es va- lido
el poder político como el poder moral, el teológico
como el metafísi- co. El asunto es la contextualidad subjetiva que sirve de arco y tensión
al poder, al ser considerado como una manifestación de la voluntad
y del deseo, del interés económico
y de la conciencia de clase. El poder en sí
mismo no es objetable en su dimensión
práctica; sino desde la práctica
in- tersubjetiva por la cual el poder logra sus
fines y contenidos. Es allí,
donde se reflejan las relaciones de poder de quienes usan el poder en su repre-
sentación democrática. Se sugiere que el auténtico
poder, el poder para
el “Bien” de todos los ciudadanos de una sociedad,
es el poder que pue- de
ser asociado con la forma y expresión de la participación democrática.
Luego, el juicio lógico de que el poder democrático, o el poder de la de- mocracia, es una forma
de poder a la que todos pueden
acceder y com- partir, es la idea de la democracia en común para todos sin distingos o diferencias. Sin embargo, este juicio es completamente apriorístico y tras- cendental, porque el poder
en su acción y/o fuerza
siempre está situado
en el orden material de su aplicabilidad. Si no dispone de estos dispositivos
materiales de aplicabilidad, ese poder es un antipoder que tiende al ab- surdo o a su concepción metafísica. Es la forma errónea del uso del poder.
Por ello es que el poder adquiere
una cierta ciudadanía que le permite su ejercicio y su reproducción, si se
considera que el poder a la partici-
pación social, es un poder para actuar
desde principios o juicios donde la
democracia porta valores
particulares de justicia,
equidad, igualdad, que deben ser interpretados por las prácticas colectivas de la ciudadanía.
Pero la democracia, considerada como un predicado
del sujeto que es el actor
del poder, requiere
una definición que le de un complemento a su acción subjetiva
y a la interacción intersubjetiva (Lewkowics, 2004)). Y el
pensamiento filosófico e ideológico de la Modernidad entiende que este tipo de poder democrático es
equivalente a la democracia del poder
de las representaciones. La sustitución de un poder originario que le corresponde a todos los ciudadanos, más allá de las alianzas
preconcebidas, termina siendo subyugado
por medio de otro poder impositor que se vale de un solo sentido social en la dirección
del poder para absorber a los otros, bajo
la ideología de la participación. Es preciso, entonces,
considerar y entender que el poder de la democracia representativa es la fase más culminante y elaborada de la hegemonía del
capitalismo neoliberal en la actualidad. No se
puede presumir de un sistema abierto de transferencia y rotaciones del poder,
de uno a otro lugar de los espacios interinstitucionales de la polí-
tica, con el propósito de generar relaciones de control y dominio a través
de la
concentración de cualquier
sector de la sociedad al que se le impone la
circunscripción de su poder al poder representado, bajo la considera- ción de un concepto
de democracia que sirve de representante a la ideolo- gía del poder de la clase burguesa directriz
de la sociedad, sobre las otras
directrices que están imposibilitadas para el desarrollo
de sus fuerzas.
La democracia representativa sirve de encubierta filosófica e ideológica del poder de la política neoliberal, en una sociedad
que se promueve como plural y diversa, pero que se rige por la impositiva ley de compartir
el po- der por cuotas de poder, fracciones
o segmentos de poder, entre quienes
gracias a una guerra por el poder instauran una equivoca concepción
del poder al que aspiran a participar
los opresores de esa fuerza y los
sumisos por esa fuerza (ROIZ, 1996). Es obvia la relación
de debilidad que portan
los sumisos que son inducidos a reconocerse en el
espejo ideológico del poder
de las clases dirigentes, que presumen que es suficiente participar de esa apariencia del poder que deben reproducir los sumisos para ga-
rantizar la permanencia de un orden democrático que termina censura- do y reprimido por el mismo orden de poder que le sirve de desarrollo.
Es una de las más
grandes contradicciones de la sociedad
neoliberal: el poder de la democracia en su relación
con la representación deja fue-
ra del poder ciudadano el auténtico ejercicio del poder democrático, en vista de manejar
un preconcepto del poder establecido, y que de ningu-
na manera podría estar al servicio
de una praxis libertaria. La posibilidad
de transformación del poder representativo en poder directo
para quien está representado, es otra lectura
del poder político
por parte de la de-
mocracia social donde la participación de todos es lo que hace de la de- mocracia un espacio para relaciones e intermediaciones de mayor proxi-
midad: la única forma de aprender a ejercer la fuerza del poder para pensar, actuar e interrelacionarnos con otras reflexiones ciudadanas don- de el ejercicio del poder democrático es constituyente de la voluntad
po- pular para actuar de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad.
Las fracturas hegemónicas del neoliberalismo son consecuencias ló- gicas de su incapacidad para resolver la contradicción en la que sitúa la relación de poder entre democracia y representación, en la autoconfir- mación del poder de la fuerza frente a la democratización de la fuerza del
poder a partir del uso que hace de éste el colectivo
social que entra a
formar parte de estas prácticas
políticas y de los roles sociales del poder.
La supresión de la democracia representativa puede interpretarse como el primer acto de poder liberador de la clase desposeída y subordinada
por el poder impositor que se desprende
de las esferas económicas y ju- rídicas de las clases
dominantes, que están al servicio
del orden coactivo más que a los derechos de participación de la mayoría;
que, en este pre- sente
histórico, dan inicio
a procesos de resistencia, desobediencia e in- surgencia, que resultan de la oposición cultural a la ideología burguesa.
3. La exclusión en
la sociedad de clases y la anulación
de los derechos humanos
El poder de la democracia representativa es la representación material del poder de las clases
gobernantes dirigentes. El Estado neoliberal tiene la mi-
sión filosófica e ideológica de servir de estímulo reproductor a los intereses de las clases que
logran integrar a sus fines,
homogeneizar a los
otros grupos sociales opuestos y/o aliados que aceptan formar parte de su status quo.
La posibilidad de lograr una síntesis
de las clases sociales, a través de un
Estado nacional de corte hegeliano,
absoluto y universalista, es decir, un Estado
supresor de la relación dialéctica de los sujetos
oprimidos a quienes se les confisca su libertad, implica
que la sociedad de clases es cada vez más una
sociedad excluyente de esa clase, en el sentido de la pertenencia y del reconocimiento
de la clase como conciencia para sí. Es decir, la adopción a
la clase social gobernante no transforma de manera alguna
a esa clase adop- tada,
a ese status de clase inclusiva con la que se pretende
justificar una je- rarquía superior en el orden
de las clases sociales. A quienes por definición económica y a
su lugar en la producción, no pueden dejar de pertenecer a las periferias o márgenes de las clases inclusivas, sin poder renunciar
al contexto de exclusión
que se desea superar por medio de la inclusión. En- tonces, el ideal de la transformación social de la sociedad neoliberal, pasa a ser el proyecto de redención política
de las clases subordinadas al desear
alcanzar por medio de la negación de la conciencia de su clase, un nuevo es-
tatus ontológico en el sistema
de la producción y reproducción material que sirve de soporte al capitalismo neoliberal
(Dieterich, Dussel et. Al., 1999).
Es un salto imposible
de dar sin morir en el intento.
El proceso de reso- cialización que impone el poder de la lógica del capital
al querer trans-
formar todo en mercancía, se puede observar
a través de un análisis comparativo: no permite convertir
de facto a la clase dominada en parte
de la clase dominante, a la clase asalariada en una clase rentista.
Ni si- quiera el socialismo se puede trazar
como misión histórica este tipo de transformación de una clase en otra, sin que desaparezcan las condicio- nes de explotación social, el fetiche de la mercancía y la plusvalía.
Se trata de que desaparezcan las clases y los orígenes
de la formación eco-
nómico-social de clases sociales
dominantes, es decir, en una sola pala-
bra, la explotación del hombre
dominador sobre el hombre dominado.
Precisamente, la trampa filosófica e ideológica en la que caen las clases
subordinadas a través de la concepción individualista de los derechos
hu- manos de las clases dominadoras, es que esta ilusión óptica sea una reali-
dad posible. No lo es. Los derechos
humanos en la sociedad neoliberal res- ponden a una construcción de autodefensa de la sociedad
neoliberal para salvarse de la mala conciencia de la destrucción que ha generado
la racio- nalidad instrumental o científica en el desarrollo y progreso de la tecnolo- gía en el mundo y en la sociedad
(Hinkelammert, 2006). También
porque políticamente la aplicación de los derechos
humanos se ha convertido en la
justificación de un poder para legislar
las condiciones de vida de los seres humanos, de acuerdo a las razones
humanitarias de quienes
buscan impo- ner que se acate coactivamente su concepción de los derechos
humanos.
La propuesta
de una sociedad de clases
donde no existan clases ex-
cluidas, no resuelve el problema de la inclusión social al interior
de
una sociedad de clases que por sí misma es autoexcluyente. El discurso
ideológico de la lógica del poder capitalista, genera unas premisas
ar- gumentativas que se basan en el convencimiento de que políticamen-
te es factible reinsertar en las contradicciones de una sociedad
de cla- ses un elemento de superación de esa contradicción: es un principio lógico que tiende al absurdo racional de la
propia racionalidad capitalista.
La organización económica de la sociedad
de clases responde
a las rela- ciones de producción capitalista de la mercancía
y el fetiche, la plusvalía y el intercambio desigual. La adhesión de una clase a otra es solamente un momento de la configuración de una clase dominante que se abre para
absorber la fuerza laboral que requiere para incrementar la productividad,
que es la ley económica
que mueve todo el sistema.
La suposición de que
es posible la inclusión social en una sociedad de clases sin perder o des- conocer
la clase de origen, es un recurso
de la retórica de la consensuali- dad para cooptar
a las clases subordinadas sin suficiente disidencia
para resistir, enfrentar y vencer a la hegemonía.
Una posible inserción
–más que inclusión- de las clases subordinadas en los espacios
de relacionali- dad hegemónica trae como consecuencia el tremendo peligro
de conver- tir a una clase desclasada en oponente de su propio
origen de clase y de otras
clases marginadas, más que una clase aliada a las clases reprimidas.
En su lucha por el ascenso
social, el espejismos de la inclusión social a través de los derechos
humanos, repolitiza una relación de fuerza y un
interés por el poder, que recluye a las clases subordinadas o marginales
en su propia expropiación de la clase que le sirve de referente en el sis-
tema económico que es causa de las contradicción de las clases
sociales. Se podría afirmar
que se logra el efecto perverso de la ley. Es
decir, se termina actuando
no contra el orden establecido de la sociedad
de cla- ses, sino en contra de la misma clase que se asume en libertad para trans- formarse. Pero, precisamente, el proceso de transformación de las clases sociales marginadas o subordinadas, en las relaciones de explotación y alienación a las que son sometidas estás
clases, implica un proceso de interiorización donde se expanden
la explotación y alienación de éstas.
Hay muy pocos indicadores de que la pobreza y la miseria
de estas clases puedan o lleguen
a desaparecer. Lo que se transforma son ciertas
prácticas sociales de recomposición y pertenencia al sistema de clases, sin que
ellas se transformen o desaparezca, sino que recrean
nuevas formas marginales y de segregación. La importancia de esta realidad
es que nos permite un estudio
exhaustivo de esas relaciones de opresión y repre- sión,
alienación y explotación que se reforman permanentemente con el desarrollo del sistema económico,
social y político del capitalismo, hasta llegar a sus momentos de crisis de crecimiento y expansión. Y son, preci- samente, estas crisis del sistema
las que permiten que los análisis efectua- dos
sobre las reformas
o transitorios cambios
de las relaciones entre las diferencias o antagonismos de clases, le permitan a las clases subordinadas
emprender auténticos procesos de cambios
por medio de una praxis que
resulta efectivamente revolucionaria por medio de praxis socio-políticas no reproductoras de los poderes hegemónicos de las clases
dirigentes.
Es importante reconstruir los procesos de inclusión social que le permi-
ten a la sociedad burguesa mantenerse
en el tiempo, aun en el marco de
las permanentes crisis institucionales que la azotan.
Esta inclusión es una
auto-exclusión de una clase a la antropología política de su clase originaria. La falacia del neoliberalismo capitalista consiste en eso, pues es lo que le permite reproducir la ideología del progreso que profesa la clase burguesa cuando considera que el único mundo posible lo es sólo en el marco del desarrollo del capitalismo. Pero la historia
y la economía han demostrado fehacientemente la imposibilidad
del capitalismo para reconvertir a la
cla- se trabajadora en una clase no explotada, y, más aún, en una clase media en
ascenso hacia la jerarquía de los poderes
de la burguesía dominante. Siem- pre requiere de una masa social dúctil a sus propósitos, eso significa que por medio de la “inclusión” solamente se procede
a asociar a la clase obrera
al proyecto de la hegemonía
en curso; pero, en modo alguno a una auténti- ca transformación de las clases antagónicas: quienes sufren esa extraña me- tamorfosis de convertir en plusvalía
los productos que resultan del salario que reciben por el pago de su fuerza laboral,
deben pensar su liberación en otros
planos de la acción política que, a nuestro modo de analizar, no de- ben favorecer el repliegue de la conciencia de clase, sino su radicalización.
4. La economía de
mercado neoliberal y la unicidad de
clases
La crítica a la sociedad
capitalista
neoliberal,
también
debe concen- trar las praxis sociales en una denuncia
de la objetivación que sufren
las clases trabajadoras en los procesos
de producción y de consumo.
Es sabido que de una u otra forma, esta es la “piedra de toque” que ace-
lera y propicia el movimiento de desacato, desobediencia,
insubor-
nización que acompaña inicialmente los reclamos y denuncias socia- les en base a las precarias condiciones de vida que sufren estas
clases.
Precisamente, el objetivo del enfrentamiento social
debe recuperar el va- lor estratégico de estas clases para la lucha política
y la capacidad de con- vocar agrupaciones ciudadanas. Entonces, las condiciones laborales que les toca vivir y sufrir a las clases trabajadores, es vinculante con la gene- ración de nuevas condiciones de participación donde la lucha económica
no se convierta en una reivindicación y concesiones de beneficios
salaria- les y de algunas
prerrogativas de gestión administrativa o burocrática
que les permita formar
parte de la hegemonía. Esto obliga a las clases
y sus representantes, a ceder en los principios y objetivos de las luchas
cuan- do pierden la profundidad de la crítica al modelo sustantivo del mercado
capitalista que le permite al sistema desarrollarse sin que desaparezca la marginalidad y alienación, a la vez, que conservar
por medio de la ficti- cia “inclusión”, la insumisión o rebelión de las clases subordinadas como parte de la misma hegemonía que se cuestiona (De Sousa Santos, 2000). En más de una oportunidad las luchas sociales
se han visto desvirtuadas y neutralizadas, desde este punto de vista o acomodamiento de la demo-
cracia representativa, al permitírseles un acceso oblicuo
al sistema y les
concede unas “cuotas de poder” completamente insuficiente para definir y enriquecer en su complejidad las praxis revolucionarias o emancipadoras.
La reflexión que se debe
proponer, a la par de los activismos sociales por parte de las clases asalariadas, no debe perder la perspectiva, mucho menos la conciencia social, de que el mercado
capitalista tiene gran capa- cidad
para regular las relaciones sociales
disidentes como otro mercado
de intercambio, muy similar al intercambio de los productos
económicos.
Esto es una extensión deshumanizante de la economía capitalista, pues la economía, básicamente, no está al servicio de los seres humanos, sino que
es contraria al bien de éstos. Un proceso de producción para la creación
de un mundo de vida dependiente de los valores
y reglas de la economía
como un proceso uniforme y rectilíneo
del que se desprenden los otros procesos de interacción social, no es una
garantía para el desarrollo de
nuevas fuer-
zas sociales que se convierten en oponentes. Perder la capacidad
de poten- ciar la oposición, en sentido dialéctico, la negación del
sistema instaurado, por formar parte o ser absorbido por las relaciones
de intercambio de ese
tipo de relación económica, trae como consecuencia la pérdida del sentido
emancipador de las praxis revolucionarias. Si bien no se puede saltar histó- ricamente en el vacío al presuponer o subestimar el fuerte rol de asociación o integración que desarrolla la economía de mercado en la superación de los desequilibrios del propio sistema,
la inobjetable verdad de este hecho
real implica que las clases que se resisten a formar parte en la retroalimen-
tación de ese orden de poder, deben
plantearse nuevas estrategias de parti- cipación y co-participación que tienda a ensanchar las diferencias que deja
el sistema abiertas y que no puede
igualar, porque, precisamente, es en este espacio de las diferencias de las clase sociales, donde se hace posible el ori- gen de las fuerzas y movimientos sociales que por la dinámica
propia del sistema de exclusión, nunca
podrán formar parte
de una sociedad que está determinada por un tipo de economía
social y política
de esta naturaleza.
La lucha filosófica e ideológica en el campo de la economía social, con- tribuye a la creación
de nuevos relaciones de derechos ciudadanos que desvelan la injusticia e inequidad del sistema hegemónico. La dirección de estas luchas a través de los diversos
movimientos sociales, debe res-
ponder al reclamo institucional para disponer de un poder
que les permita irrumpir cada vez más en las relaciones de producción capitalista, de for- ma tal que se afinen
y adelgacen hasta su desaparición todas las relaciones de poder coactivo y represor que resultan de la economía
de mercado del capitalismo neoliberal. No es solamente asumir el principio denunciativo o publicitario de hacer ver la pobreza y la depredación generalizada que causa este tipo de economía
al hombre y el medio ambiente, sino que es de urgente necesidad infiltrar en sus estructuras de poder un contra po- der que no consiente repartición de bienes en un orden de valores
econó- micos donde se puede prescindir
de prácticas de ética ciudadanas, donde las consecuencias negativas
sobre el derecho
a la vida y al medio ambien-
te afectan por igual a ambas naturaleza en su reproducción del mundo.
Desde este punto de vista, las luchas sociales
y las praxis políticas de esas
luchas, van a requerir de un discurso
de la emancipación y de una
teoría social de la justicia
que provenga directamente de esos actores que
están construyendo las formas anti-hegemónicas del poder neoliberal, y
están creando las condiciones culturales para repensar de otro modo el
poder de gobernabilidad del Estado
y la aplicación de las leyes de una
economía orientada a la sustentabilidad de la vida (Díaz Montiel,
2008). Al erradicar de la economía
del mercado capitalista el axioma de la máxima ganancia en detrimento del máximo bien de otros, en este caso las clases
asalariadas y los consumidores en general, se está atacando a una estruc-
tura de convivencia e interacción social insostenible por más tiempo.
No se trata de reposicionar un discurso neomarxista de viejo cuño, se
trata de reactivar un discurso
crítico sobre el uso de los poderes
de la política en una sociedad de mercado
cada vez más globalizada, donde, precisamen- te, la pervivencia de las clases trabajadoras que sirven de infraestructu- ra a este tipo o modelo
de sociedad, están generando unos movimientos
cada vez más contrarios al desarrollo lineal del sistema neoliberal que les
está permitiendo conocer
a través de las praxis
de estos movimientos su capacidad para redireccionar los espacios de poder en otros sentidos
que abren a la sociedad al conflicto y a la crisis de un modo casi inevitable.
Pero de esas crisis del sistema
neoliberal, es que resulta esta otra clase política de las clases sociales
tradicionales, ahora con un poder de dirigen- cia y convocatoria del que no habían podido
disponer por formar
parte sumisa o confesa
de la hegemonía. El universo de descomposición estruc- tural que se vive en estas clases de la pobreza
más extrema tiende a des- legitimar el sistema de democracia plural y social del mercado neoliberal.
La insatisfacción y la obstrucción que produce el sistema, y que impide liberar los espacios de acceso a la distribución y al consumo
masivo del colectivo ciudadano, es una muestra
de las perturbaciones que suceden
en la economía de mercado que estimula el déficit e insuficiencia del sistema
productivo para salir del consumo
y abrirse a un intercambio más iguali- tario
y con el menor de plusvalía para el sector de la producción privada.
La lucha por la conquista o recuperación de nuevos escenarios de movi- lidad
y transformación social es un reto para las clases trabajadoras, que en
este momento en la América Latina están dando muestra de una concien-
cia social que se estructura favorablemente como una conciencia práctica de luchas emancipadoras, donde la concepción antihegemónica del poder está situando esa lucha en el centro de las crisis del capitalismo neoliberal (Biagini & Roiz,
Op. cit. 2007).
Estas luchas por los cambios
políticos son un resultado de las luchas económicas que se adelantan
dentro de las relacio-
nes del intercambio económico,
pero a diferencia de otras luchas en otros
momentos, las de hoy están más representadas por esa clase de trabajado- res que están entendiendo que el poder reside en sus prácticas
políticas y no en el poder que la hegemonía les reconoce desde sus estrategias de fuer- za.
Por eso esa lucha es una irrupción en las reglas
de un juego donde el po-
der de las clases trabajadoras ha sido confiscado por el poder
de un Estado que responde a los intereses de las clases que dominan económicamente.
5. De la
emancipación ciudadana a las
libertades políticas.
Para que se pueda
considerar la existencia objetiva del Estado,
como ente regulador de las relaciones sociales, se requiere
que el Estado se auto repre-
sente a través de las leyes. Esto
es muy bien sabido por quienes entienden los procesos operacionales y funcionales del Estado: para que el Estado cumpla con sus funciones y objetivos, es necesario que se cumpla
una orgánica co- rrespondencia entre la “estructura burocrática y administrativa” de sus ins- tituciones y las relaciones sociales que se producen en la sociedad
civil, que de alguna manera es la condición
material y humana sobre las que reposan la vigencia de las leyes. Es interesante considerar, estas relaciones orgánicas entre esa dimensión casi puramente formal en la que está situado el Estado
y los espacios societales de los que recibe la legitimidad de sus poderes.
El poder legítimo del Estado es un poder del que se vale el Estado
para resguardarse de cualquier otro poder que se le pueda enfrentar,
por mí- nimo y relativo
que pueda presentarse en el escenario
de las relaciones sociales. Es implícito este poder que emana de la norma a la que el Es- tado
le debe su auto representación, porque la lógica
jurídica deriva el valor
político de esa norma de acuerdo a la capacidad de la misma para
determinar, por la coacción, el valor de obediencia que le impregna
el código jurídico (derechos) y que debe ser aceptado
y obedecido por los
ciudadanos. Pero en este enfoque
positivista del poder por medio de la norma,
se escapa de la interpretación el poder del que la norma emerge.
El Estado se auto representa, entonces,
por medio de una norma uni- versal
que debe ser cumplida por todos los que forman parte de las rela-
ciones sociales que le sirven
al Estado para su reproducción; sin embargo, no todos los obligados
por el cumplimiento de las normas a pertenecer al Estado, se pueden sentir
identificados, más todavía,
auto representados del mismo modo en que el Estado se auto representa. Parece que existe
una grave contradicción en esa relación: i) entre el Estado y las normas de poder; y, ii) entre la autorepresentación del Estado y la no auto repre- sentación por parte del ciudadano en la auto representación que el Es- tado
se fabrica a través del poder normativo del Derecho. El status del poder del Estado se visualiza casi siempre, como un status donde el po-
der se jerarquiza a través de muchas
mediaciones que le sirven al Esta- do para cumplir
con su rol regulador y/o dominante de la ciudadanía.
Es decir, el poder del Estado que emerge de un reconocimiento que logra
la norma por medio de la identidad jurídica que le otorga la ley a los ciu-
dadanos, es una relación que teje el Estado a partir de la obediencia de los ciudadanos con respecto a las normas;
pero, no parece que se comprenda
del mismo modo la correspondiente obediencia que le debe el Estado a estas
normas. Y, más todavía, a otras normas que cada vez más emanan
del poder de los ciudadanos para crear una autorepresentación incapaz de convalidar la representación política de la que se vale el poder del Es-
tado para legitimar sus políticas públicas. Nos encontramos, entonces, en una severa
contradicción formal y material del poder de las normas.
En un primer caso, ninguna norma, por universal
que pueda ser su pretensión, puede legislar tan objetivamente como lo considera
el derecho positivo las subjetividades sociales. Éstas, en un segundo caso, casi siempre,
esca- pan al dominio del poder de las normas
para garantizar el control social.
Precisamente, esa fuga del espacio o escenario de los poderes constitui- dos
pudiera pensarse que es la mejor praxis
de la vida democrática de una
ciudadanía efectivamente participativa, pues el poder, que recibe
de la norma su legitimación, deriva de una diversidad de conductas sociales
que concurren en el espacio público
gracias a una multiplicidad de intereses y necesidades que buscan el reconocimiento político
para poder avanzar
en las transformaciones estructurales y orgánicas de la burocracia y la admi-
nistración de los poderes del Estado. Vale decir que el auténtico poder po- lítico es el que se deriva
de la interacción social, pues es desde
este lado del Estado, entendido, según Gramsci
(1974), como sociedad
civil, que las pro- pias
praxis ciudadanas se desprenden, a veces pacífica
o violentamente del poder del Estado, consecuencia de las
continuas crisis del sistema. Lo que genera otros movimientos y dinámicas de las “políticas del poder” cuando éstas tienen su génesis
en la ciudadanía. El impacto
de esta gestión diver- gente del poder ciudadano sobre el “poder político” del que se vale el Es-
tado para su auto representación, es notorio y público. Al cuestionar como inviable el modelo único de sociedad, democracia, política y ciudadanía,
que se propone y justifica
por parte del Estado hegemónico; al desconocer como insuficiente el modelo de auto representación del Estado, donde las
identidades públicas y las auto representaciones sociales
de la ciudadanía, son excluidas del universo de la pluralidad de poderes que deben formar parte de la política, y, a su vez, de la
gobernabilidad del Estado;
enton- ces, éste se hace precario para reproducir
la auto representación desde la praxis
política de cada ciudadano en su colectivo
social e institucional.
La intervención e interpretación que sufre el poder político del Estado, por parte de otros
actores sociales con otras identidades y auto representa- ción ciudadana, tiende a desfundamentar en el tiempo el poder hegemónico
del Estado. Son estas nuevas
ciudadanías con roles
sociales que resultan
de la desobediencia y el desacato
a las normas impuestas por la “juridización” del Estado, lo que permite considerar la validez de la hipótesis
acerca de la minimización del Estado, en aras de un poder cuyo origen está en la auto gestión de la ciudadanía para crear más allá de la tutela
del Estado, otro orden normativo para una genuina y más espontánea socialización de las conductas y las regulaciones de los poderes
políticos que se deben cumplir.
La acción emancipatoria es en sí misma, una acción que tiende a la li-
bertad. No se puede entender
pragmáticamente de otro modo. Eso sería
contradecir su propia definición, no solamente en términos de concep-
tualización; sino, más aún, en términos de la praxis
social que la com-
promete. Si es en el campo de la acción política
donde es posible
pen- sar, hablar y realizar
las libertades políticas; es, entonces, en la acción de
los sujetos y movimientos sociales
donde se deberá
desarrollar tanto las teorías
de la emancipación, como las praxis emancipadoras. Eso tie- ne una gran relevancia cuando
nos situamos en el campo de las accio-
nes y
proyectos por redefinir: solo entonces las relaciones de poder a través
de los medios del poder que se consagran
en los derechos cons-
titucionales del
Estado moderno se tornan
accesible a la ciudadanía.
En un primer momento,
urge un resituar a la sociedad civil de cara a la formación ciudadana. Eso debe pasar por una cultura de la participación
que todavía está por construirse por fuera del propio Estado y de sus ins- tituciones. Es decir, a través del Estado hegemónico el proyecto emancipa-
dor queda absorbido en su propósito
debido a la capacidad orgánica del
Estado para convertir en parte de sus políticas públicas cualquier disiden- cia.
La fuerza de la que se vale el Estado
para hacer este tipo de absorción al interior de la hegemonía
proviene de su dominio de la esfera del mercado
y la publicidad, donde demuestra sus mayores resistencias al cambio y a las
críticas. La sociedad moderna ha desarrollado las fuerzas del capital más allá
del proceso in situ de la economía, las leyes del mercado han saturado
la convivencia y las representaciones
sociales, y vienen formando parte de
ésa auto reproducción de la imagen de un Estado empresarial y rentista.
En un segundo momento,
es imprescindible re-evaluar las axiologías po-
líticas de los sistemas de creencias y legitimidad del Estado moderno. Se
requiere de una aproximación al otro desde
categorías existenciales donde el
otro se abre en su pluralidad a la coexistencia de relaciones políticas que deben ser asumidas
por todos. Es indiscutible que se debe cumplir
con la tarea de superación del individualismo de la actual sociedad del consumo. La sociedad es un sistema de relaciones compartidas. Es en ese
sentido que el pensamiento emancipador en sus praxis emancipatorias, es valorativo y no puede entenderse como una acción descomprometida que renuncia a los valores clásicos de la política, pues requiere de su contex-
tualidad histórica y cultural. Estas valoraciones, a diferencia de las axiolo-
gías positivista y trascendentalistas, que colocan el fin de la acción en un indeterminado presente o promesa
futura, se hacen evidentes y efectivas
a partir de las condiciones de vida de quienes conviven en una realidad
compartida. La creación de valores
surge de la necesidad de comprender
el sentido de las experiencias por medio de actos cuya significación genera una comprensión sobre el valor del acto en su contexto. Lo que supone la
existencia de una amplia gama de valoraciones que van de lo particular a lo general al momento de interpretar las normas y el orden de poder que se constituye a través de la
norma, para dirigir las relaciones socia- les. Ese poder está sujeto
a criterios de valor, pues es necesario razonar los juicios que sirven para la argumentación de su aceptación o negación.
Acá aparece la mediación
del discurso para la comprensión de la rea-
lidad política donde
se insertan los sistemas de valores del poder. Se deberá, entonces, apelar
a la argumentación más racional
de las for- mas de
pensar y hacer la política
desde el Estado
y por quienes se en-
cuentran desalojados del poder del Estado.
Serán los desalojados o
desposeídos de esos poderes
los que tendrán que repolitizar el Estado y reformular axiológicamente la dirección
social de los poderes políti-
cos. La reconstrucción ética del poder político
que sirve de asiento a la
legalidad del Estado, va a requerir de una reflexión
del poder donde la
moralidad cívica es la que conformará la voluntad de una ciudada-
nía para la crítica institucional de este tipo de sociedad
instrumental.
La vía del discurso
público es la vía más expedita de la que dispone la ciudadanía para la construcción de la conciencia
emancipadora posible. Este es uno de los principales desafíos que se le presenta
a la ciudadanía emancipada, pues es a través
de la argumentación racional de los déficits
de la política que se puede hacer evidente,
a la conciencia de las clases domi- nadas, el orden de poder del Estado
hegemónico. En este sentido la acción participativa en las relaciones democráticas del poder,
deberán entenderse como prácticas
discursivas que permiten
el acceso a más de un actor y a más de un interlocutor en la reflexión y discusión sobre los objetivos
que se deben alcanzar en un
orden de convivencia democrática, donde el espacio
de poder que ocupa el Estado hegemónico debe ser re-evaluado moral y discursivamente.
La crítica que subyace en el análisis
de las problemáticas y los conflictos
sociales, en el desarrollo discursivo
de la política, fractura
frontalmente el dominio de poder de los poderes públicos del Estado he-
gemónico. A esa fractura sigue una desfragmentación y reacomodo de los
espacios de participación social, que van a estimular
la incidencia de otros discursos a los que no se les reconocía el derecho a la palabra;
es decir, para actuar en las diversas
formas de auto representación del Estado por medio
de una participación ciudadana mucho más diversa
y plural. Ahora los
poderes públicos del Estado deben responder a las diversas
subjetividades que presionan con su presencia en la toma de decisiones y en la generación
de una opinión pública que saca al Estado del ámbito natural de la socie-
dad política para situarlo en el ámbito
deliberativo de la sociedad civil.
La ciudadanía emancipada es protagonista del rol de la política,
sólo en la medida en que sus praxis políticas crean posibilidades para interactuar en relaciones
sociales que garanticen la libertad para actuar y participar. Pero esa
libertad va a depender de las tensiones sociales que se hacen presentes en la política. Es necesario ese reconocimiento de la determinación de la libertad por parte de las tensiones sociales o condiciones materiales del poder, precisamente, porque las dinámicas
de la política se fundan en las
luchas sociales y en un proyecto de porvenir que hace
posible estas luchas y su constante superación, en razón de los factores subjetivos
que forman parte de la política.
El uso de las libertades políticas requiere de un espacio público que brinde la oportunidad de abrir ese abanico de posibilidades
que es la sociedad como escenario de encuentros y de auto representacio-
nes para la discusión, deliberación, consenso crítico, a favor de las mayo-
rías. Es la idea principal
de la ciudadanía emancipada al deshacerse del rol
represor del Estado hegemónico. Las relaciones sociales
de este tipo de ciu- dadanía son normadas por valores de convivencia comunitaria. Se desplie- ga en el tejido
social creando sistema
de redes organizacionales que permi- ten una mayor
flexibilidad en la toma de decisiones, porque se introduce
el derecho a la información y a la comunicación sin prohibiciones o censuras.
Es mucho más orgánica la relación
de poder entre este tipo de ciudada- nía y las normas políticas del Derecho y del Estado,
pues en todos los casos ambos se constituyen para responder al desarrollo social y el bien común de
todos. La experiencia de una ciudadanía que entiende la emancipación
como una praxis social que está al servicio de la realización de los ciuda-
danos, busca generar un comportamiento cívico en correspondencia con la creación de los valores
políticos y derechos
humanos de una democracia
cuyo poder para legislar pudiera
definirse como el poder del que todos deberán disponer para gobernar. Una democracia gobernante en oposi- ción a una democracia representativa, sugiere la idea de un poder que se
gerencia en función de la auto gestión
para su uso entre los ciudadanos
de la sociedad. Es decir, se establece el principio de un derecho
político que permita el respeto a la participación autónoma y libre de coacciones para cada uno de los ciudadanos. Eso afecta directamente la división entre Estado y sociedad, en cuanto que el poder no es vertical sino horizontal, y desaparece la organización jerárquica de los poderes constituidos, porque todos ellos están en relación con las praxis sociales que le dieron origen.
Los poderes se estructuran y reestructuran, de acuerdo a las múltiples di- námicas sociales
que son no lineales sino discontinuas, porque las liberta- des políticas le sirven a la ciudadanía para actuar directamente de acuerdo a las transformaciones que generan en el espacio de la política sus propias acciones o relaciones sociales. La conflictividad que reproduce el Estado
hegemónico, entre los derechos y poderes públicos
de los que depende su dominación y las interacciones sociales, debido a que este tipo de Estado es
un ente represor y opresor de las dinámicas
alternativas de la ciudadanía,
tiende a minimizarse considerablemente por parte de una ciudadanía que opta por la emergencia insumisa
y el desacato, pero, a la vez, por el discurso
de una racionalidad política que pretende crear
otros horizontes éticos
y de moralidad ciudadana que le permitan superar los reduccionismos del poder.
Estas nuevas relaciones son receptoras de otras expresiones normativas del poder y su
forma de valoración. Ya no es el Estado quien sanciona
por vía jurídica la aplicación del poder; se trata ahora de una concepción
y praxis del poder que tiene su origen en la acción
ciudadana del colec- tivo social en su más amplia
diversidad de clases.
Se trata de impulsar
las praxis sociales de una filosofía antihegemónica que permita liberar la política
en la medida que ella está al servicio de las
clases margina- das que procuran configurar su auto representación a través de la ciu- dadanía. Recuperar la praxis política para la recreación
del Estado por medio
de la participación ciudadana, es el proyecto
político de la ciu- dadanía emancipada. Imprimir en la política
la fuerza social
para los cambios de la institucionalidad del Estado, significa
que los nuevos acto- res de la política
entran en escena
para asumir el poder de la ciudadanía como el poder más relevante capaz
de ser reconocido normativamente.
El espacio público se recupera para una ciudadanía que tiene un proyecto
discursivo para establecer un diálogo político,
ético y comunicativo frente a las clases tradicionalmente dirigentes del poder del Estado.
Las libertades políticas tienen que ser aprovechadas estratégicamente para la construc- ción de la conciencia emancipadora, que resulta
de la interpretación y de la
lucha ideológica con las clases hegemónicas. El incremento, por medio de la crítica política,
de las praxis sociopolíticas del colectivo social excluido,
que asume la resistencia frente a
los ataques de los sectores
dominantes, profundiza la sensibilidad social de la resistencia para comprometer a otros
sectores y colectivos sociales en este proyecto
de ciudadanización del Es-
tado y hacerlos capaces para reflexionar y discernir
oportunamente acerca de las tendencias progresivas y regresivas de quienes manejan
el poder. Es el punto de génesis de la experiencia por el cambio social que asume una ciudadanía cuando comprende que la lectura histórica del momento viene acompaña de los procesos
de crisis de la propia
hegemonía instaurada.
Esta falta de la hegemonía como unificadora de la totalidad social, nos
hace comprender el proceso
dialéctico que se instaura en la comprensión de las acciones y los poderes
de la política, que por más orden
coactivo que lo auto represente, nunca puede llegar a constituirse en un orden de
poderes incuestionables. Su incapacidad para normar la subjetividad so- cial
en uniformidad con los objetivos
prácticos de la economía
de mer- cado y de las leyes
neoliberales del consumo
y la producción, convierte
a la
totalidad hegemónica del Estado capitalista en un sistema
suscepti- ble a padecer procesos de crisis que tienden a desarticular el equilibrio
de un sistema que es incoherente e inconsistente con sus propias
leyes. Es decir, en otras palabras,
el sistema o modelo social es contradictorio en sí mismo. No se puede lograr la justicia social sin la equidad econó-
mica y sin la igualdad política,
sin subvertir la convivencia
ciudada- na que
se alienta por medio del discurso ideológico de la hegemonía.
A partir de las libertades políticas
se crean los escenarios normativos y discursivos, presuntamente racionales en el sentido
dialógico de la comu-
nicación con el otro, que van a darle la oportunidad a las diferentes clases sociales, actores, grupos,
colectivos, instituciones, de formar parte en la dirección del poder y en el desarrollo de una opinión
pública que les va
a permitir, por medio de la diversidad de códigos de conducta, compartir las experiencias comunales en la toma y decisiones del poder político.
Esta diferencia es la que marca la separación y superación del Estado hegemó-
nico a causa de la organización, el reconocimiento y auto representación de los individuos como ciudadanos de una polis. En esta perspectiva, el poder
ciudadano sería el auténtico poder constituyente del Estado. Es decir, se desconocen las relaciones de fuerza entre
Derecho y Estado,
y ahora se considera la existencia, manifestación, y expresión del poder a partir de la
aptitud que adopten los ciudadanos frente al uso que se requiere hagan
del poder en sentido ético y moral. Al desaparecer el encubrimiento de la rea-
lidad que es una consecuencia lógica de la ideología que destila e infiltra la hegemonía en el tejido social alienado; entonces, el individuo es libre para lograr
los acuerdos y los consentimientos independientemente de las fuer-
za inherente al poder. Es más, el uso de la fuerza
del poder queda recon-
vertida por mediación del discurso,
en la razón dialógica que se promueve desde un horizonte social
donde la política
es un derecho a la participación
de todos en la construcción de la democracia. Desde ese momento los de-
rechos humanos que se conquistan, por ejemplo, entre otros, como el de la justicia social,
se convierten en valores humanos
representados normativa-
mente en una sociedad civil que permita
las convivencias prácticas
que le dan sentido
a la política y a las acciones
intersubjetivas de los ciudadanos.
6. La praxis política de los movimientos emancipadores
El pensamiento emancipador
de
los insubordinados, críticos, di-
sidentes del status quo del capitalismo
neoliberal, deben
ir crean-
do desde su referencia de clase social un espacio institucional don- de hagan receptora a la sociedad
civil de sus demandas y solicitudes.
Esa incorporación a un escenario de praxis políticas debe perfilarse desde una noción de fuerza social y poder ciudadano que conlleve un movimiento plural de participaciones de quienes se sienten y están des- asistidos de los derechos
humanos que publicitan la clase hegemónica como iguales para todos. Esas acciones se deben organizar a partir de un
aprendizaje cultural del ambiente social y tradicional de las clases;
primero frente a las clases hegemónicas, como sugerimos; luego, frente al Estado
como ente que aglutina en su seno todas las relaciones sociales que reco- nocen su legalidad y legitimidad (Miller, Salazar y Valdés
Gutiérrez, 2006).
Este enfoque propone situar en una relación de fuerzas las fuer-
zas sociales que definen y orientan las prácticas políticas. No se puede avanzar en el cambio social si antes no se sabe con qué se dispone para ese avance y por dónde avanzar.
Una fuerza social dis-
minuida por la dominación; es más, incorporada a favor de la domi-
nación como beneficiaria de alguna
“cuota de poder”,
pierde el senti- do
de la movilidad que le otorga su fuerza para la praxis contestataria.
La reconcentración social de la fuerza
de las clases subordinadas, al inte-
rior de las prácticas de sus tradiciones culturales, nutre el imaginario de re- sistencia y de emancipación de los movimientos sociales que buscan
escena- rios de aparición donde su capacidad para la intervención pueda lograr que, poco a poco, vayan
cediendo los regímenes de fuerza coactiva
del sistema. Precisamente, este rol de fractura y ruptura que debe cumplir
el nuevo actor o
sujeto emancipador de los movimientos sociales con tradición
de clase, va a ir respondiendo, en su aprendizaje, a formas de praxis donde
se logre el mayor número de
participantes y simpatizantes por
fórmulas colectivas y locales de integración por parte de los sectores
excluidos de la sociedad.
El reclamo por un nuevo orden
de participación socio-política, genera en el status quo un malestar e inseguridad con respecto a su capacidad
para ge- neralizar las reglas de la gobernabilidad impuesta.
Se requiere desactivar o invalidar ese orden normativo de la gobernabilidad formal del Estado neo- liberal, que está en relativa capacidad
de ofrecer ciertas variaciones en las modificaciones de las relaciones de fuerzas hegemónicas, pero que resultan completamente insuficiente para activar de manera efectiva la incorpora- ción de las clases subordinadas en la gestión
pública del ejercicio
del poder.
Este reconocimiento de las clases subordinadas como participantes for-
males en las relaciones políticas, debe potenciar el crecimiento del poder de estas
clases para hacerse
proporcionalmente de más espacio de participa-
ción y, en consecuencia, de mayores oportunidades para ampliar su poder.
Significa esto que en la sociedad neoliberal hay que tener una estrategia antihegemónica que permita la emergencia y consolidación de un contra poder desde las relaciones de poder
instauradas por la misma hegemonía. Esa vía hacia
otros accesos del poder se realiza participando como clases y pueblo
en el marco de la institucionalidad política de la hegemonía, pero con
el propósito de ir incrementando los procesos de aprendizaje cultural
y de tradición de las clases en oposición
a los valores de las clases dominantes.
Al final, nos encontramos que la lucha política es una lucha de valo- res
entre concepciones culturales
y de prácticas ciudadanas que deberán
corresponderse al desarrollo
de esos valores
culturales con el interés de construir una ciudadanía donde el orden democrático sea garante de éste
y de los valores culturales
de otras clases (Fornet-Betancourt, 2003). El in-
tento es crear un espacio
público donde la transformación social
y esta- tal de la política,
pueda contribuir a una genuina
inclusión que respete las diferencias de todos.
Una democracia de este tipo antihegemónica y con
sentido emancipador, se propone proyectos de ciudadanía donde
el colectivo social esté dotado de las condiciones materiales, las capacida-
des cognoscitivas y las facultades racionales, para poder repensar la po- lítica
desde una noción de Estado
y de poder mucho más coparticipativo.
Lo que pudiera considerarse como un ideal abstracto de la política
por im- posible y utópico,
es una práctica concreta de lo que puede resultar
un pro- yecto de vida pública que inspire las praxis políticas en
sentido libertario, que demuestre que la emancipación ciudadana no es un programa
cerrado
de interacción social de una clase que pretende
contener el resto de la socie- dad,
lo que implicaría una visión
totalitaria de la sociedad; sino,
por el con- trario, un escenario para la pluralidad donde el conglomerado de la ciudada- nía se propone metas y fines,
objetivos y propósitos, que hacen del proyecto
de vida social un reconocimiento por parte del poder político del Estado.
O sea, que el Estado
debe ser un ente de fuerza, poder y
gobernabilidad, en permanente correspondencia con la fuerza,
poder y gobernabilidad que emana del pueblo.
Quizás esta es la principal diferencia de las praxis
emancipatorias con respecto de otras praxis políticas que conviven en el
Estado neoliberal, que no tienden
ni mucho menos proponen, un acceso
al espacio público desde el reconocimiento de las libertades personales y culturales de los grupos sociales. Sino, por el contrario, se proponen regu- lar
el universo de esas praxis a partir
de esquemas o patrones de partici-
pación, donde las conductas colectivas quedan enmarcadas en el sistema de leyes con las cuales el Estado adquiere
la competencia soberana
para imponerlas coercitivamente. Luego, la lucha social se transfiere a otro es- cenario de acción para las praxis
políticas, puesto que éstas están
invalida- das a priori desde el punto de vista de los principios formales
y objetivos de las leyes del Estado, y de ningún modo desde los principios subjetivos de la colectividad o ciudadanía pública,
que es de donde el Estado
de- bería adquirir su sentido institucional y político. No es poca la inversión que deben realizar los movimientos emancipadores en esta reconceptua- lización y reinterpretación del poder político y de las praxis públicas que deben
ser ejercidas en un contexto
de democracia participativa o directa.
Esta inversión de las fuerzas y del poder instituido, libera
a la socie- dad y al poder del Estado del sistema
de poder que lo coacciona. Es una noción del poder basada
en las relaciones sociales intersubjetivas de la ciudadanía, que nunca responden ni pueden acatar
el orden dogmático de la norma, sino que están en un pleno desplazamiento dialéctico a la hora de interpretar los valores normativos
del Estado. Más allá de la di-
visión de clases de las sociedades, aparece
en el escenario de la política
otro orden social como un orden de relaciones no jerárquicas donde
no es posible justificar el mantenimiento de las clases sociales que sirven de sustento a la economía,
el mercado y el derecho
del capitalismo neoli- beral. Será éste otro orden político
donde se pertenece a la “clase”
de la ciudadanía pública
donde el Estado
reconoce su presencia
y su partici-
pación institucional de un modo correlativo (Sarmiento, Mocayo, Restrepo et al 2001). La flexividad y reflexividad que se logra de la política a través
de los diversos actores y movimientos sociales,
es mucho más compleja y dinámica
en el sentido emancipatorio de la fuerza y del poder, por par-
te del colectivo ciudadano. Lo que permite
resituar, permanentemente, en
las esferas del orden y la dirección
antihegemónica de la fuerza, los diversos puntos de interrelación social que activan
las praxis sociales.
La concepción emancipatoria de las clases
sociales subordinadas, a través
de unas estrategias de organización y movilidad social mucho más cónso- na con las demandas de identidad y reconocimientos públicos,
despliega ante el Estado otra dimensión
en la que se ve obligado a exteriorizar sus fuerzas y su poder. No es el propósito
sobreponerse al dominio
del Estado, sino, por el contrario, sacar el Estado
de su centralidad y uniformidad a relaciones de intercambio donde el poder
institucionalizado políticamente
se ve afectado por otras variables de fuerzas y de participación (CHÁVEZ y OCAMPO,
2007). De igual manera, por otras valoraciones de los fines del
poder y sus resultados en el ámbito de una ciudadanía que se desarrolla en una sociedad muy sensible a la conflictividad, cuando se la considera
solamente como hilos de un tejido social
que se comporta obligado
por el derecho y los controles sociales. Ya no es suficiente la disciplina de los
partidos o de las instituciones tradicionales como la Iglesia, las universida- des, los gremios, los militares,
para considerar el orden democrático como un sistema de coacciones
entre éstos y otros espacios
de control social.
Se trata de superar,
a través de una participación interactiva entre las cla- ses subordinadas, los esquemas filosóficos e ideológicos doctrinarios de la racionalidad o episteme política
del Estado neoliberal, que tiende a neutra- lizar
y evadir estas fuerzas contestatarias. Las alternativas que se constru- yen parten de la premisa de una teoría de la justicia social que reconozca no solamente la presencia de un individuo que ha permanecido anónimo o ausente de la praxis
política, sino también
la contextualidad de ese indivi- duo con su entorno
natural y cultural.
Existe una simbiosis
entre el mundo cultural, natural y la política. Los nuevos actores
y movimientos sociales son portadores de otro orden simbólico y lingüístico, la reconceptalización
de la política y la nueva hermenéutica que se cierne
sobre la interpretación de los poderes públicos,
le otorgan a éstos actores y movimientos un esce- nario muy propicio para el diálogo
y la crítica. Se sienten
y conviven impli-
cados en relaciones sociales
que ya no les proveen
de las pocas y pobres con-
diciones de los beneficios sociales siempre prometidos
y nunca cumplidos.
De ahora en adelante estos
actores y movimientos recuperan para sí una capacidad mediática, expresiva, discursiva de hacer la política desde
la de- bilidad y marginalidad en la que habían estado sumidos. Esa debilidad
se convierte en resistencia potencial
para organizar e inducir en el tiempo alternativas de producción y consumo más colectivizadas; inversión
en infraestructuras de quienes
han subsistidos oprimidos
y excluidos por el
sistema. La marginalidad se convierte
en la presión social que genera el desasistido hacia el interior
de un Estado benefactor que ha fracasado en su rol, pues ahora se trata de desconocer políticamente la validez de ese Esta- do
para resolver los problemas de exclusión y marginalidad, que solamente
los excluidos y marginales pueden
saber cómo resolverlos. Es decir, las re- puestas a la conflictividad social en la que
permanentemente el pueblo o la ciudadanía, se desarrolla a partir de las contradicciones del sistema, parece que únicamente podrían ser resueltas por el propio pueblo o ciudadanía
objeto de esa exclusión y marginalidad. Y se trata de eso, de demostrar que el fracaso del Estado neoliberal capitalista, reside en su incompetencia para resolver la
conflictividad política que tiene su origen
en la sociedad de cla- ses en la discriminación y la segregación. Producidas las causas en las que
se sustentan las contradicciones de clases: la praxis liberadora no la porta las clases dominantes. Esa praxis le corresponde histórica
y culturalmente, a las clases subordinadas o alienadas. Son éstas, entonces, las que deben construir las nuevas relaciones sociales desde su alteridad… devastada por la destrucción de su conciencia social y de su conciencia moral ciudadanía. Si la transformación, cambio
y revolución de la sociedad
burguesa post industrial no es una tarea anti-utópica; es, precisamente, porque el sujeto histórico de la praxis
debe recuperar su conciencia de clase a partir de su
autoconciencia de clase subordinada y explotada
(Hinkelammert, Op. cit).
Los escenarios de fuerza y de poder instituidos por la clase
hegemó- nica, son los escenarios
para la participación
directa que deben com-
prometer la acción de sus intenciones al convocar la destrucción
del
orden establecido, y reinaugurar otro más humano,
solidario y pacífi- co. A estos actores
les corresponde promover
una justicia social
posi- ble que permita
liderizar un movimiento
donde se comprenda
la com- plejidad de las relaciones
sociales
y laborales, dentro del capitalismo.
Pero así mismo, extraer
con escarpelo, que son los movimientos socia-
les las nuevas estructuras organizativas
que van a propiciar que sus fuerzas para la transformación
social, alcancen las
metas propuestas.
Es un proyecto emancipatorio que si es considerado en términos de mo- vimientos culturales e interculturales, según se ha señalado, entonces, brinda la posibilidad de ampliar el espectro
de integración social hacia causas comunes con los amplios sectores de la marginalidad social; tam- bién,
si se considera la política
como la relación
de fuerza y de poder,
don- de se manifiesta el espíritu de la ciudadanía que se abre y está dispuesta
a generar y garantizar condiciones de igualdad y equidad reconocidas a todos sin excepciones y exclusiones. Este ideal visto
también como con-
dición moral y ética de las clases
subordinadas y por los actores
y mo- vimientos sociales, reinaugura el espacio de interacción pública a través de
conceptos muchos más prácticos entre quienes han consensuado com-
partir intereses, medios y fines más colectivamente. La sociedad de cla-
ses o sociedad de la exclusión, no va a desaparecer por sí misma (DIERC- KXSENS,
2005). Ella tiene la “condición natural” de su auto-reproducción
del mismo modo en que ella es la resultante natural
de la economía de mercado. Sin tocar las relaciones de producción capitalista, cualquier in- tento por hacer desaparecer o incluso sustituir
a la sociedad de clases,
re- sulta indefectiblemente desacertado. El proyecto o ideal emancipatorio, da inicio a una filosofía e ideología antihegemónica y postcapitalista, que se
plantea un profundo análisis sobre
la naturaleza y desarrollo de los es- pacios públicos de la dominación de clases. La superación de esa domi-
nación requiere de un ciudadano
cuyo poder resida en su condición na- tural
de pueblo y en las praxis democráticas que le permitan
recuperan las verdaderas relaciones de producción económica
con sentido socialista.
Referencias Bibliográficas:
BIAGINI, Hugo y ROIZ,
Arturo Andrés (2007): América Latina: hacia su segunda independencia. Memoria y autoafirmación. Argentina: Agui- lar, Altea. Taurus, Alfaguara.
CHÁVEZ, Alejandra y OCAMPO,
Luis E (2007): Voces y Letras en insumisión. Movimientos sociales
y reflexión sobre América Latina. México: Elaleph.com
DELGADO OCANDO,
José Manuel (1987): Hipótesis para una filosofía
antihegemónica
del Derecho y del Estado. 2ª Ed. Vol,
nº. IV. Colecc.
De
Cursos y Monografías. Instituto de
Filosofía del Derecho, Universi- dad del Zulia. EdiLUZ: Venezuela.
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2000): Crítica de la razón indolente.
España: Desclée.
DIERCKXSENS, Wim (2006): La transición hacia el postcapitalismo.
El socialismo del siglo XXI. Caracas: Monte Ávila Editores.
DÍAZ MONTIEL, Zulay (2008): La racionalidad comunicativa como episteme
crítica para la construcción de una teoría social de la justicia emancipadora.
Tesis Doctoral. Postgrado de la Facultad de Humani- dades y Educación, Maracaibo: Universidad del Zulia.
DIETERICH, Heinz, DUSSEL, Enrique, et al (1999): Fin del
capitalismo global. El nuevo proyecto histórico. Argentina: Editorial 21.
FORNET-BETANCOURT, Rául (2003): Culturas y poder.
España: Des- clée.
GRAMSCI, Antonio (1974): Écrits politiques, T.I: 1914-1920; ................
T.II:1921-1922.Paris:
Gallimard.
HINKELAMMERT, Franz (2006): El sujeto y la Ley. El retorno el sujeto reprimido, Caracas: El Perro y la Rana.
LEWKOWICZ, Ignacio (2004): Pensar sin Estado. La subjetividad en
la era de la fluidez. Argentina: Paidós.
MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Álvaro y DÍAZ
MONTIEL, Zulay (2005): Transformaciones sociopolíticas recientes en América
Latina. Argenti- na: Libros en Red.
MARQUEZ-FERNÁNDEZ, Álvaro (2000): “Amerique
Latine: modernité et projet antihegémonique”. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año: 5, nº. 11 (Septiembre-Diciembre),
Venezuela: Astro Data.
MARTIN F, Víctor (1999): Historia, comunicación y política en América
Latina. Maracaibo:
Editorial Sinamaica.
MILLER, Nchamah, SALAZAR, Robinson y VALDÉS GUTIÉRRES, Gil-
berto (2006): Paradigmas emancipatorios y movimientos
sociales en América Latina. México: Elaleph.com
ROIZ, Javier (1998): La
democracia vigilante. Caracas: CIPOST.
SARMIENTO, Libardo, MOCAYO, Héctor et al (2001): La otra política.
Colombia: FESCOL.
